En esta entrada voy a desarrollar de hecho mi respuesta al comentario recibido de "Indeciso/a" en la entrada anterior. He preferido incluirlo como una entrada adicional por mi interés en despejar algunas dudas existentes sobre la anterior y reflejadas en el citado comentario, y por la longitud del texto de la respuesta, que bien merece su propio espacio de reflexión.
A ver, la mayor parte del bienestar que disfrutamos forma parte de lo que el comentarista llama "beneficio privado" (procedente del consumo de lo que los economistas llamamos "bienes privados"). Eso no quiere decir que en agregado fomentar la realización en libertad de beneficios privados no acabe beneficiando a muchos otros (de hecho, casi siempre ocurre así), pero lo hace a través de los intercambios voluntarios del mercado. Si yo monto un negocio de venta de un producto X con mi vecino y me lo compra otra persona, esta sale beneficiada de mi trabajo, pero paga mi esfuerzo con el precio que le exijo a cambio. Se trata de la libre producción e intercambio de bienes privados que bajo condiciones de libre competencia sabemos que producen situaciones sociales eficientes (maximiza el "tamaño del pastel", si queremos decirlo así..).
La provisión de bienes públicos, por otro lado, beneficia a todos por igual y el consumo de un individuo no hace menos apetecible el consumo de cualquier otro. De estos hay realmente muy pocos, aunque nuestros Estados del Bienestar tratan muchas veces bienes privados como la sanidad y la educación como si fuesen públicos.
Hecha esa distinción y si nos centramos en los bienes y servicios que efectivamente provee y financia el Estado, veremos que este discrimina normalmente en función de la renta en la financiación del gasto (los impuestos progresivos que comenta "Indeciso/a") y también en otras condiciones como la edad o situaciones personales específicas en el consumo de servicios privados ofrecidos por el Estado.
La imposición progresiva no atiende al beneficio que una persona obtiene de los gastos públicos, sino a su capacidad de pago, pero realmente el objetivo teórico último de la imposición (al menos como nos lo han vendido siempre filosóficamente los políticos) es NO discriminar en el sentido de que el ESFUERZO en la financiación de cada individuo (o su SACRIFICIO personal en términos de recursos aportados a las arcas públicas) sean aproximadamente iguales. Los impuestos "justos" serán pues aquellos que igualan el sacrificio de todos los contribuyentes al pagarlos (o sea, que no discriminan en términos de esfuerzo fiscal) han de ser progresivos porque se supone que entregar 1 euro por un individuo de renta baja a las arcas públicas le supone un sacrificio (en términos de otras necesidades privadas más perentorias que podría satisfacer con ese euro) mucho mayor que ese mismo euro recaudado de un individuo de renta alta (que estaría destinado a usos menos importantes). En ese sentido (siguiendo ese criterio de justicia), los sistemas impositivos se supone que no discriminan entre individuos. Habría mucho que decir de la filosofía subyacente en este principio, que entre otras cosas, necesita efectuar problemáticas comparaciones interpersonales de "satisfacción".
En la realidad sí que hay discriminación en los sistemas impositivos a favor de ciertos grupos sin atender a sus rentas, como los minusválidos o los propietarios de viviendas, por ejemplo. Y todo tipo de "desgravaciones fiscales" atienden a situaciones especiales, violando la no discriminación (aunque al menos sí que es cierto que su importancia es bastante marginal). En realidad, lo que suponen son transferencias encubiertas a grupos presuntamente menos favorecidos que deberían figurar en los gastos, no en los ingresos públicos y que atienden al objetivo público de la redistribución de la renta. Este es un tema largo y complicado de pura discriminación pública, pero realmente tiene lugar por la naturaleza democrática de nuestro sistema político. Yo estoy en contra de la redistribución de la renta por parte del Estado más allá de la justificada por los impuestos progresivos. No encuentro apenas diferencia entre robar y repartir entre los pobres con las armas o con los votos coactivamente respaldados por el Estado. La redistribución de la renta debería de estar muy limitada constitucionalmente, y en mi opinión no responde a ninguna justicia real, sino a la explotación política y económica de unos grupos sociales por otros.
Los ejemplos que cita el comentarista sobre los descuentos en el transporte público son del tipo redistributivo y yo estoy en contra: dado un sistema progresivo de impuestos que se considere justo y no discriminatorio (que obviamente ya supone implícitamente un cierto grado de distribición de la renta a la Rawls), el Estado no debería atender a circunstancias particulares. ¿Por qué un pensionista rico tiene que salir beneficiado frente a un trabajador pobre en el transporte público?
Otra cosa es el ejemplo sobre la cobertura sanitaria pública universal que propone "Indeciso/a". Partiendo de que la sanidad no es un bien público, sino privado, está claro que las aseguradoras sanitarias privadas querrían impondrían mayores primas a los individuos que piensen que les ocasionarán mayores costes. Situaciones como la edad avanzada, el sexo (hombres y mujeres tienen diferente esperanza de vida, así como propensión a determinadas enfermedades y accidentes) o el historial familiar se considerarían como señales indicadoras claras del riesgo de cada individuo, así que efectivamente se utilizarían para discriminar, pero realmente se trata de una discriminación orientada a hacer pagar a cada uno el coste esparado aproximado del servicio de seguro médico que se le proporcionará (recordemos, la salud de cada uno le importa sobre todo a él mismo..). En tal situación de discriminación los economistas diremos que la asignación de recursos sería razonablemente buena en términos de eficiencia. Claro que podría haber individuos que quedaran excluidos de cobertura médica (los enfermos crónicos y/o pobres). Por razones de generosidad o solidaridad social (la "piedad" o "compasión" de toda la vida disfrazada de aparente modernidad) mucha gente podría preferir la cobertura universal obligatoria, que es el sistema que tenemos en España. Esta ya es otra historia interesante pero que no es el tema que nos ocupa. En este caso la decisión del Estado es NO discriminar cuando la eficiencia económica dice que hay que discriminar. Esto tiene un coste en términos de menor calidad del servicio para todos y de abuso sistemático que dispara los costes sanitarios. En cualquier caso, fijémonos que en el fondo estamos hablando de otro tema de redistribución: si permitiésemos que el sistema sanitario fuese totalmente privado (obviamente estoy simplificando o abstrayendo otros aspectos que podrían también ser relevantes en esto..) y simplemente pagáramos con nuestros impuestos las primas de aquellos que no pudieran costeárselas y solo a ellos, el sistema mantendría sus buenas propiedades de eficiencia evitando que nadie se quedara sin cobertura. Lamentablemente esto resultaría imposible en la práctica: la gente se daría cuenta de que si no pagas tu seguro privado y caes enfermo, el Estado acabaría pagando nuestro seguro de los impuestos, y nadie se aseguraría privadamente. Pero esto es otra historia.
martes, 13 de julio de 2010
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La existencia de prejuicios cognitivos no debe ser una razón defendible que aliciente los prejuicios sociales.
ResponderEliminarQue una persona no quiera contratar rubios con gafas es problema del propio empresario, pero no podemos pensar que de existir una discriminación protegida por la ley esta iría a cebarse con los pobres hombres rubios con problemas de miopía.
Pongamos por caso a las mujeres. Yo fui bastante crítico con el gobierno al intentar buscar una igualdad forzada, basada en la imagen y no en la eficiencia, pero observando la realidad pude ver que la verdad no radica en los extremos.
En el caso de que una empresa pudiera elegir entre un hombre y una mujer, de iguales características productivas, los prejuicios harían que el empresario se decantase sobre un lado de forma tajante.
Por otro lado, la discriminación podría fomentar la separación, la divergencia social. Una respuesta, una ley moral, como es la de no favorecer ni permitir la discriminación social, se basa en argumentos morales y sociales, más que económicos (que no lo son todo en la escala de prioridades sociales). Tiendas de blancos para los blancos. Tiendas de negros para los negros.
Entiendo que cuando se defiende su postura no vislumbra dicho futuro porque, como he dicho antes, es un extremo difícilmente alcanzable. Pero aquí hablamos de tendencias. Obviamente, la discriminación opera hacía un aumento de la crispación social. No puedo obviar eso.
El tercer argumento recae sobre la discriminación positiva, obligatoria para obtener procesos de selección, y asignaciones más equitativas que contrarresten a la discriminación negativa (status quo) que se daría sin ella. Un minusválido, por ejemplo, de existir una discriminación permitida y protegida por ley lo tendría mucho más difícil que una persona no minusválida.
Desde un punto de vista eficiente, empresarial, económico, (y puedo llegar a pensar que para algunos, también social), es lógico pensar que debe existir la libertad que permita al empresario saltarse el curriculum y coger a otro. Pero, de nuevo, los argumentos sociales se adueñan de la razón de ser de nuestra sociedad (raro no es). No es socialmente aceptable que una parte de la sociedad pueda ser discriminada por tener unas deficiencias comparativas con el resto de personas.
En cuanto al tema de la redistribución, yo no lo veo así. Los bienes públicos son concebidos como provisión pública total, necesariamente financiados por el esfuerzo de todos. En esa definición entraría su razón de tomar a los impuestos como una forma de no discriminar.
Partes de un status quo: tener que pagar una provisión necesaria, como la defensa por ejemplo (típico ejemplo, lo sé), y tu objetivo es no discriminar por el esfuerzo necesario. El medio son los impuestos progresivos.
Actualmente creo que existen otras vías, por parte del socialismo, o de una tendencia más de izquierdas que en los Estados Unidos, por ejemplo, en el que la redistribución es un fin en si mismo. En este caso el Status Quo es la situación desigual de la población. El objetivo es igualar a la población. El medio es la discriminación positiva. Aquí no entraría la provisión de bienes públicos necesarios, pero si las subvenciones, ayudas del estado, etc.